Según el Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA), una legislación para el acceso a la información pública debe sustentarse en, al menos, veinte principios básicos. Entre ellos, se destaca, en primer lugar, la responsabilidad del Estado para asegurar su aplicación efectiva.
¿Qué implica esto? El diseño de planes de capacitación para la ciudadanía y los funcionarios públicos, de manera tal que todos reconozcan ese derecho y tengan las herramientas para hacer uso del mismo.
Por otro lado, es clave presuponer buena fe por parte del solicitante. El Estado está obligado a proporcionar la información que se le pide, sin embargo, debe asumir que esos datos no serán usados con intenciones que pongan en peligro la democracia.
Otro punto esencial es la promoción de una cultura de apertura y transparencia. Es importante que en torno a dicha ley comience a gestarse una conciencia cívica que haga uso de la legislación con responsabilidad.
El trabajo debe comenzar en las escuelas, donde se eduque en esta materia a los niños y jóvenes que más tarde serán los ciudadanos que dirijan y protejan el país.
América Latina: ejemplo de la UNESCO en legislación para el acceso a la información pública
En 1985, Colombia sancionó una ley para acceder a la información pública. Si bien la normativa presentaba varios defectos estructurales, se convirtió en la primera en garantizar ese derecho en América Latina. A partir de entonces, la mayoría de los países de esa región ha elaborado su propia ley de acceso a información pública y hoy UNESCO los presenta como un ejemplo para el resto de los países del mundo.
Los casos más paradigmáticos son los de Chile, Brasil y México, donde la presión ejercida por periodistas y activistas logró la sanción de leyes de acceso a la información.
Pero la historia no termina allí: según atestiguan las estadísticas, las leyes son usadas diariamente por una multitud de personas que incluye desde profesionales de la comunicación hasta abogados corporativos, investigadores académicos y ciudadanos comunes.
En México, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue adoptada en el 2002 y fortalecida en el 2007 por una reforma constitucional. Según investigadores, el éxito de la legislación reside en que su promoción surgió en el seno de la sociedad civil, desde un fuerte movimiento social del que formaban parte grupos de diversos orígenes e ideologías.
Mientras tanto, Bolivia, Cuba, Costa Rica y Venezuela siguen sin sancionar una ley que permita a todos los ciudadanos acceder a los datos del Estado. Bolivia tiene entre las cuentas pendientes de su Legislatura nacional, una multitud de proyectos en pos de este fin.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLA), políticos y hasta ciudadanos particulares han presentado sus iniciativas, aún sin obtener una respuesta definitiva.
