En efecto según el Informe del Secretario General realizado en el año 2017 denominado “Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” se contemplan problemas propios del derecho administrativo, entre ellos:
1. Los reglamentos y procedimientos opacos, engorrosos e ineficientes alimentan las oportunidades para que funcionarios corruptos exijan sobornos o pagos extraoficiales. En 2015, más del 18% de las empresas de todo el mundo informaron haber recibido al menos una solicitud de pago de soborno. Este porcentaje de empresas en países de ingresos bajos y medios ascendía al 25%, en comparación con el 4% en países de ingresos altos.
2. A fin de proporcionar una base firme para el desarrollo, los presupuestos gubernamentales deben ser integrales, transparentes y realistas. Si bien el gasto en casi 2 de cada 3 países no superó el 10% del presupuesto nacional original, en más de 1 de cada 7 países se desvió en al menos un 15%. Sin embargo, la fiabilidad presupuestaria ha mejorado con el tiempo, pues alrededor de 8 de cada 10 países de Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico mostraron mejoras.
3. La legislación que exige la libertad de información ha aumentado constantemente, pero sigue siendo preocupante la lentitud o ineficacia de la aplicación de esas leyes. Más de 110 países han aprobado leyes y políticas sobre la libertad de información. Sin embargo, las evaluaciones de expertos indican que 47 de esos países no cuentan con disposiciones jurídicas claras para las excepciones a ese derecho, mientras que otros 47 países carecen de disposiciones suficientes para la educación pública.
Para ello se fijaron una serie de metas en el ODS 16 que tienen un vínculo directo con el derecho administrativo, como son:
- Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
- Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
- Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
- Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
- Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
