De acuerdo al informe “La Seguridad Vial en la región de las Américas” confeccionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) los accidentes viales se cobraron la vida de unas 154.089 personas en el año 2013. Por otra parte se calcula que en Argentina, únicamente en el 2018, las víctimas fatales ascendieron a 7.000, es decir un promedio de 20 muertes al día.
En este contexto no resulta extraño que dentro de la Agenda “Objetivos de Desarrollo Sostenible” se incluyan metas tales como: reducir a la mitad el número de muertes y traumatismos causados por el tránsito, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, ampliar el transporte público y mejorar la seguridad vial.
Tal como lo manifestó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una asamblea en Ginebra, “la seguridad vial es una cuestión de derechos humanos. Hoy en día, el derecho internacional impone obligaciones afirmativas a cada Estado para que tome medidas razonables a fin de proteger el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la salud y el derecho al desarrollo de todas las personas”.
A partir del citado informe de la OMS, se desprenden algunos mecanismos necesarios para contribuir a la disminución de accidentes: cumplimiento eficaz de la legislación, control de las normas relativas a los vehículos, mejoramiento de la infraestructura. Una vez más, se evidencia el papel preponderante del Estado y la necesidad de formular e implementar políticas públicas eficientes.
Pandemia, seguridad vial y políticas públicas
Las restricciones a la movilidad impuestas para evitar la transmisión del COVID-19 han evidenciado, en líneas generales, una disminución en las cifras de siniestros viales, heridos y víctimas fatales. Sin embargo, la tendencia apunta a un aumento de las velocidades promedio, así lo ha comunicado el Ministerio de Transporte de Chile, al llegar a las 100 muertes entre marzo y mayo.
Por otra parte, la pandemia ha traído consigo un cambio de hábitos en relación a la movilidad de la población. Al evitar las aglomeraciones características del transporte público, los ciudadanos han optado por medios alternativos: bicicletas y motos se perfilan como nuevos protagonistas. Además de las necesarias adaptaciones a la infraestructura, este escenario supone, tanto para los gobiernos como para la sociedad civil, un gran desafío orientado a promover prácticas seguras y responsables en la vía pública.
