A pesar de la celebración de tratados internacionales y el impulso dado a las políticas de estado en defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho de todo el globo, aún en pleno siglo XXI se siguen reproduciendo y naturalizando diversas formas, inconcebibles, de esclavitud humana.
La trata de personas se constituye como una de las principales prácticas delictivas que atenta contra los derechos básicos de miles de personas, y que incluye la explotación sexual y el trabajo forzoso entre sus manifestaciones más frecuentes, aunque no las únicas.
Si bien la mayoría de los países han incorporado legislaciones nacionales para enfrentar esta problemática dentro de sus respectivos territorios – y año a año se detectan más víctimas -, lamentablemente la impunidad de los traficantes se convierte en moneda corriente y muchos de los afectados terminan criminalizados.
Debido a la realidad de este flagelo es que cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata, renovando el reclamo internacional en defensa de las víctimas del abuso de terceros sobre sus propias libertades; fomentando, también, las investigaciones y los enjuiciamientos.
Según las estadísticas difundidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Desde el 2003, dicho organismo ha detectado más de 225.000 casos de trata de personas en todo el mundo, resultando mujeres y niñas los principales grupos afectados. Los conflictos armados y las crisis migratorias son los escenarios principales para el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas.
“La trata es un fenómeno machista y patriarcal que ha tenido la tendencia histórica a la subordinación de la mujer por parte del hombre y donde se ha considerado que el cuerpo de la mujer es un territorio que puede ser dominado por el hombre”
explica Gilberto Zuleta Ibarra, abogado especialista en Derecho Administrativo y Derechos Humanos, coordinador de proyectos en UNODC.
Desde el 2009, la UNODC elabora informes para combatir la problemática, analizando la situación en 142 países y proporcionando una visión general de sus patrones y flujos, tanto a nivel mundial como regional y nacional.
El último informe, publicado en diciembre de 2018, arrojó como resultado que el 72% de las víctimas (a nivel mundial) son mujeres – en el 49% de los casos se trata de mujeres adultas, en el 23%, de niñas -, la mayoría con fines de explotación sexual. En Sudamérica, esta cifra alcanza el 80%, mientras que los hombres representan el 63% de las personas condenadas por este delito.
Si bien el número de condenas por trata de personas ha aumentado un 67% en los últimos 7 años a escala global – lo que representa un gran avance en la lucha contra este delito organizado -, muchos países aún mantienen un número de condenas muy bajo respecto al índice de víctimas detectadas (es el caso de las regiones de Centroamérica y el Caribe y Europa central, que detectan más víctimas pero menos enjuiciamientos).
En América Latina, por año, se registran entre 11 y 50 condenas por país. Según el informe, esto se debe a que muchos países introdujeron legislaciones sobre la trata de personas entre los años 2004 y 2008. Dentro de estos números, Argentina detenta el mayor número de condenas y enjuiciamientos desde el año 2011.
A pesar de que los índices demuestran una importante mejoría en cuanto a la detección y condenas por tráfico de personas, aún existe un largo camino por recorrer en materia de justicia y promoción de los derechos humanos.
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